Promesas de privacidad engañosas: la garantía que el cliente no puede comprobar ya es cláusula del contrato
Una promesa de privacidad que el cliente no puede verificar no es un eslogan publicitario. En el Reino Unido, la ley de consumo la convierte en cláusula del contrato, y desde abril de 2025 el regulador puede sancionarla sin pisar un tribunal.
Una VPN que promete «cero registros» y un servicio de copias de seguridad que promete «cifrado de extremo a extremo» venden el mismo producto inusual: una promesa que el comprador nunca puede comprobar por sí mismo. Si los registros se guardan en secreto, o las claves se custodian en la sombra, el servicio se ve exactamente igual desde fuera. Esa asimetría era antes una curiosidad filosófica. En el Reino Unido se ha convertido en un problema de cumplimiento normativo con precio propio: las promesas de privacidad engañosas caen dentro de la Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 (la ley británica de mercados digitales y protección del consumidor), y desde abril de 2025 la Competition and Markets Authority (CMA, el regulador británico de competencia y consumo) puede resolver por sí misma que una empresa ha engañado a los consumidores e imponer sanciones de hasta el 10 % de la facturación mundial, sin necesidad de pasar por un tribunal.
La exposición más afilada procede de una norma más antigua que los equipos de ingeniería raramente leen. Según la sección 50 de la Consumer Rights Act 2015 (la ley británica de derechos del consumidor), todo lo que se diga o escriba sobre un servicio y que el consumidor tenga en cuenta al comprarlo pasa a formar parte del contrato. El marco español de protección al consumidor, articulado a través de la Ley de Competencia Desleal y el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, bebe de la misma directiva europea de prácticas comerciales desleales que inspira estas reglas: la publicidad no es un adorno periférico del producto, es el producto. En funciones ordinarias esto apenas importa, porque el fallo es evidente: la aplicación se cae, la ruta es errónea, y la reclamación llega sola. Una función de privacidad invierte esa lógica. El cliente no tiene forma sensorial de detectar el fallo, así que el único artefacto que conserva es la propia promesa. Esa promesa acaba haciendo el trabajo que normalmente hace una especificación técnica, solo que la redactó el departamento de marketing y, a diferencia de la especificación interna, es exigible ante la ley.
El Private Relay de Apple, el proxy que se vende junto a iCloud+, es la demostración en vivo. Los investigadores Talal Haj Bakry y Tommy Mysk documentan que la dirección IP real del usuario puede filtrarse a través del tráfico de autenticación con passkeys: cuando un sitio web usa solicitudes WebAuthn de origen relacionado, el sistema operativo obtiene el archivo de validación directamente desde el dispositivo en lugar de a través del proxy, mientras el interruptor sigue mostrando la protección activada. Sea cual sea la corrección que finalmente llegue, el hecho estructural permanece: una protección de privacidad de pago falló de forma invisible sin que nada cambiara en la superficie del producto, precisamente la condición en la que el anuncio, y no la arquitectura, define lo que realmente se vendió.
¿Por qué las promesas de privacidad engañosas acarrean más riesgo legal que otra publicidad?
Porque el criterio legal mira la expectativa del consumidor, no la intención del anunciante. El régimen de prácticas comerciales desleales de la ley británica pregunta si una práctica engañaría al consumidor medio y le llevaría a tomar una decisión de compra que de otro modo no habría tomado. Una función de privacidad que falla de forma invisible lleva a ese consumidor a seguir pagando por una protección que no recibe, y cuesta imaginar un encaje más limpio con ese criterio. El precedente sobre cómo se resuelven estos casos ya existe: el litigio por el modo incógnito de Google terminó en un acuerdo que obligó a la compañía a eliminar miles de millones de registros y reescribir sus avisos de privacidad, mientras que la clase demandante no recibió compensación económica. El remedio fue la corrección, no el pago. Tribunales y reguladores tratan la publicidad de privacidad como una declaración que debe ajustarse a la realidad, que es otra forma de decir que la tratan como una especificación.
¿Cómo se demuestra que una función de privacidad realmente funciona?
Es un problema de observabilidad, y tiene respuestas de ingeniería conocidas que casi nadie que hace estas promesas ha construido. Una superficie de verificación para una promesa de privacidad tiene tres componentes reconocibles. El estado atestiguable ofrece al cliente una declaración firmada y comprobable por terceros sobre la ruta real que siguió su tráfico, en lugar de un interruptor que solo informa de la intención. Las sondas canario son puntos de observación independientes que consultan continuamente lo que el servicio expone en realidad (la IP de salida que ve un sitio web, si el texto plano es recuperable) y disparan una alarma ante cualquier discrepancia con la promesa. Los registros de transparencia firmados, al estilo de Certificate Transparency, dan a los auditores externos un registro de solo adición que pueden reproducir para confirmar que el comportamiento prometido se mantuvo en el tiempo. Nada de esto es barato. Cuesta diseño, infraestructura permanente y compromiso operativo, y tiene la propiedad incómoda de que una superficie de verificación honesta publica sus propios fallos. Esa incomodidad es precisamente el punto. El coste de hacer una promesa verificable es su precio real, y si verificarla resulta demasiado caro, eso es una prueba sólida de que el mensaje se pasó de frenada antes de publicarse.
Cómo auditar las promesas antes de que lo haga el regulador
El ejercicio práctico es una auditoría de promesas, y se desarrolla en cuatro pasos. El primero es extraer todas las promesas de confianza de las páginas de marketing, los niveles de precio y los textos dentro del propio producto: privado, seguro, cifrado, anonimizado, nunca usado para entrenar modelos. El segundo, clasificar cada una como observable por el cliente, verificable por un auditor o infalsable desde fuera. El tercero, someter cada promesa infalsable a las dos pruebas legales anteriores: ¿la tendría en cuenta un consumidor a la hora de comprar, lo que la convertiría en cláusula contractual bajo la sección 50, y engañaría el silencio sobre un fallo conocido? El cuarto, decidir promesa por promesa si construir la superficie de verificación, suavizar el mensaje hasta que encaje con lo demostrable, o dejar constancia de que la empresa asume el riesgo a sabiendas. Someter las promesas de marketing a la arquitectura, como si fueran requisitos del sistema, es exactamente el ejercicio para el que está pensada una revisión de estrategia técnica.
La próxima ola de promesas infalsables ya se está escribiendo. Las suscripciones de IA afirman ahora de forma rutinaria que los datos del cliente nunca se usan para entrenar, que la inferencia es privada, que los inquilinos están aislados entre sí. Son promesas con la misma forma que el Private Relay: invisibles en funcionamiento e imposibles de comprobar para quien compra, aunque claramente del tipo que un comprador tiene en cuenta. En España, la vigilancia de este tipo de promesas recaerá en parte sobre la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), a medida que despliegue sus competencias bajo el Reglamento europeo de IA, mientras que la AEPD seguirá vigilando el terreno estricto de protección de datos. Ya hemos defendido que las propiedades de seguridad deben ser observables por diseño, a propósito de cómo asegurar sistemas agénticos y de cómo mantener el control humano sobre los despliegues de IA, y la posición legal ahora refuerza la ingenieril. Seguirán apareciendo canales laterales, porque las plataformas complejas los producen; no se puede prometer para evitarlo. Lo que sí se puede hacer es redactar el anuncio como si fuera una especificación, porque en el Reino Unido, por ley, ya lo es, y el resto de Europa no tardará en razonar del mismo modo.
Preguntas frecuentes
¿Son legalmente vinculantes las promesas de marketing según la ley de consumo británica?
Para los servicios, sí. La sección 50 de la Consumer Rights Act 2015 establece que todo lo dicho o escrito al consumidor, por el vendedor o en su nombre, sobre la empresa o el servicio, se convierte en cláusula del contrato si el consumidor lo tuvo en cuenta al decidir comprar. Una promesa de privacidad o seguridad en una página de precios no es, por tanto, simple retórica publicitaria: si el servicio no la cumple, la empresa incurre en incumplimiento de contrato además de exponerse a las normas de protección del consumidor. En España y el resto de la UE, la directiva de prácticas comerciales desleales persigue el mismo tipo de conducta por otra vía, aunque con distinto mecanismo de aplicación.
¿Qué sanciones prevé la DMCCA para las prácticas comerciales engañosas?
La Digital Markets, Competition and Consumers Act 2024 dio a la Competition and Markets Authority (CMA) poderes de ejecución directa desde abril de 2025. La CMA puede ahora determinar por sí misma que una empresa ha incumplido la normativa de protección del consumidor, sin llevar el caso a un tribunal, e imponer multas de hasta el 10 % de la facturación mundial anual. Eso convierte las promesas engañosas en un riesgo regulatorio con techo definido, en lugar de un riesgo de litigio que quizá nunca llegue a materializarse.
¿Recibieron compensación los usuarios en la demanda por privacidad del modo incógnito de Google?
No. Según recogió Associated Press, el acuerdo obligó a Google a eliminar miles de millones de registros, reforzar sus avisos sobre el modo incógnito y limitar parte de la recogida de datos, pero la clase demandante no recibió compensación económica. El remedio fue la corrección y la transparencia, no el pago, lo que ilustra cómo tratan tribunales y reguladores la publicidad de privacidad: como una declaración que debe ajustarse a la realidad.
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Escrito por una persona editorial de IA del sistema editorial propietario de Abyshire y revisado por nuestro equipo.